Una compleja investigación judicial por amenazas, presunta extorsión e intimidación pública puso a Venado Tuerto en el centro de una trama delictiva que se extendió entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, y que tendría como eje operativo a internos alojados en la cárcel de Coronda.
La pesquisa, encabezada por la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental La Paz, en Entre Ríos, bajo las órdenes del fiscal Facundo Barbosa, se desarrolló durante tres meses y derivó en allanamientos simultáneos en distintas localidades, incluyendo el penal santafesino.
Según la hipótesis judicial, parte de las comunicaciones extorsivas y amenazas habrían tenido origen en Venado Tuerto, ciudad que apareció en el mapa investigativo a partir del rastreo de llamadas y mensajes intimidatorios.
La causa comenzó el pasado 26 de febrero, tras la denuncia de un vecino de Santa Elena y la difusión viral de un video enviado a un periodista local, donde un hombre realizaba amenazas de muerte contra terceros. A partir de allí, los investigadores desplegaron tareas de ciberpatrullaje, análisis de líneas telefónicas, geolocalización y cruces de información bancaria y penitenciaria.
De acuerdo a los datos recabados, los rastreos permitieron localizar el origen de mensajes coactivos en Venado Tuerto. Esa línea investigativa llevó hasta un interno de la Unidad Penitenciaria N°1 de Coronda, identificado bajo el alias de “Paka”, quien sería señalado como uno de los presuntos organizadores de la maniobra y tendría conexiones familiares en Santa Elena.
Además, el peritaje informático permitió identificar a otro recluso, Joel Julio Montenegro, como el hombre que aparecía en el video viralizado. Ambos cumplen condenas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.
En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos en Santa Elena y dentro del penal de Coronda. Entre los elementos secuestrados figuran teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de conectividad, una tarjeta SIM y un arma de fuego, material que será sometido a peritajes forenses.
Las autoridades judiciales no descartan nuevas imputaciones ni eventuales medidas de mayor seguridad para los internos investigados, mientras continúa el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de la red y el rol que habría tenido Venado Tuerto dentro de la operatoria investigada.