La reciente decisión judicial de reducir drásticamente la pena de Pedro Ortiz y Hontoria, exdirector del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón, desató una verdadera ola de furia, impotencia y repudio en las redes sociales. El religioso, conocido en la comunidad como el “Hermano Pedro”, pasó de tener una condena de 15 años de prisión efectiva a una pena de solo 7 años, dictaminada por la Cámara de Apelaciones.
La resolución provocó una reacción inmediata de los vecinos de Venado Tuerto y la región, quienes volcaron su indignación en plataformas como Facebook e Instagram, convirtiendo el caso en el eje de un duro debate sobre la justicia, la protección de las infancias y el rol de las instituciones religiosas.
“No es hermano, es un abusador”
Uno de los reclamos más repetidos y visibilizados en el entorno digital apunta directamente al trato que recibe el condenado. Cientos de usuarios exigieron de forma taxativa que se deje de utilizar el término “Hermano” para referirse a Ortiz.
“Dejen de decirle hermano, es un abusador condenado” se leyó de forma recurrente en los comentarios de los portales de noticias locales. Para la comunidad virtual, mantener el título religioso representa una falta de respeto hacia las cuatro víctimas —alumnas de 6° y 7° grado— que sufrieron los abusos dentro del establecimiento educativo entre los años 2018 y 2019.
Cuestionamiento al sistema judicial y complicidad institucional
El foco principal de la bronca social se centró en la Cámara de Apelaciones. Los internautas calificaron la rebaja de la condena como una “burla” y una muestra de “impunidad”. Los mensajes exigen de manera constante una reforma urgente en las leyes penales para evitar que los delitos contra la integridad física y psicológica de menores reciban penas que la sociedad considera sumamente leves. “La justicia en este país siempre se pone del lado de los delincuentes y desprotege a las infancias”, sentenció una vecina en una publicación con miles de interacciones.
Asimismo, los cañones volvieron a apuntar contra las autoridades del Colegio Sagrado Corazón. Los usuarios recordaron con indignación que los hechos ocurrieron dentro del ámbito escolar bajo la investidura directiva de Ortiz, reclamando una mayor rendición de cuentas y criticando lo que perciben como un histórico encubrimiento institucional.
El fantasma de la duda en el entorno digital
Si bien el rechazo a Ortiz es abrumadoramente mayoritario tras la condena unánime del tribunal de primera instancia, en sectores marginales de las redes sociales —particularmente en cuentas dedicadas a la crónica policial— volvieron a asomar comentarios que miran con escepticismo el proceso judicial. Estas posturas minoritarias manifestaron temor ante posibles denuncias falsas, abriendo un debate paralelo sobre la credibilidad del sistema, aunque la contundencia de las pruebas presentadas por la fiscal Florencia Schiappa Pietra y la querella civil dejó poco margen para la defensa en la opinión pública general.
La reducción de la condena de 15 a 7 años de prisión deja un sabor amargo en la comunidad venadense. Mientras el proceso judicial avanza en sus etapas técnicas, el veredicto social en las redes ya está dictado: un pedido unánime de justicia real, protección efectiva para las víctimas y el fin de los privilegios institucionales.