Hablan de inclusión. Organizan inauguraciones, sacan fotos, cortan cintas y anuncian que ahora todo será más fácil. Pero basta con cruzar la puerta de la nueva Junta de Discapacidad de Venado Tuerto para comprobar que, una vez más, el relato va por un lado y la realidad por otro.
Lo que debía ser un trámite administrativo terminó convirtiéndose en una carrera de obstáculos para una familia que solo buscaba renovar el Certificado Único de Discapacidad de un familiar que convive con esa condición desde hace más de diez años.
Y lo más indignante es que esa persona no fue porque estaba mejor. Fue porque está peor.
Con estudios médicos, certificados por cuatro profesionales (neurólogo, medicos clínicos, psiquiatra y traumatólogo) y toda la documentación preparada, la respuesta fue un portazo burocrático: falta un estudio más. Un requisito que, según la familia, nunca había sido solicitado en renovaciones anteriores.
No importó que la discapacidad estuviera acreditada. No importó que existieran informes médicos. No importó que el tiempo juegue en contra de quien necesita ese certificado para acceder a derechos y prestaciones.
La respuesta fue un frío “no se puede avanzar”.
Entonces comienza el peregrinaje de siempre: conseguir turno con un médico, esperar el estudio, volver al Centro de Salud Victoria, solicitar recién allí otro turno para la evaluación y, finalmente, esperar que alguien decida si renueva un certificado de una discapacidad que no desapareció por arte de magia.
¿Ese es el Estado eficiente que prometían?
Porque una cosa es controlar. Otra muy distinta es transformar cada trámite en un castigo para quienes ya tienen suficientes dificultades en su vida cotidiana.
La burocracia parece haber encontrado su hábitat perfecto: crear requisitos, sumar papeles, multiplicar esperas y convertir un procedimiento simple en un recorrido interminable. Como si cada sello fuera más importante que la persona que está del otro lado del mostrador.
Y hay más.
La decisión de instalar la Junta en Chile y Ruta 8 tampoco parece pensada desde la realidad de quienes deben asistir. ¿Era realmente el mejor lugar para un organismo al que concurren personas con discapacidad y sus familias? Cuesta creer que esa ubicación facilite el acceso a toda la ciudad.
Como si eso fuera poco, la atención funciona apenas tres días por semana. Después nos preguntamos por qué los turnos demoran semanas o incluso meses.
El problema no es solamente una empleada que dice “falta un papel”. El problema es un sistema que parece diseñado para desconfiar primero y ayudar después.
La discapacidad ya impone enormes desafíos. El Estado debería ser una herramienta para derribar barreras, no una fábrica de nuevas dificultades.
Porque inaugurar oficinas es fácil. Lo difícil es hacer que funcionen.
Y cuando un gobierno vende eficiencia pero entrega burocracia; cuando promete agilizar y termina demorando; cuando habla de inclusión mientras obliga a las familias a peregrinar de ventanilla en ventanilla, ya no alcanza con los discursos.
Las personas con discapacidad no necesitan más anuncios. Necesitan funcionarios que entiendan que detrás de cada expediente hay una persona, una familia y una urgencia.
Y esa sensibilidad, lamentablemente, no se consigue con una inauguración ni con una conferencia de prensa.