A exactamente ocho años del brutal asesinato del joven estudiante de ingeniería Juan Cruz Ibáñez, el pedido de justicia sigue siendo una herida abierta. Hace 8 años la comunidad santafesina se despertaba con una de las noticias más desgarradoras de los últimos tiempos: un delincuente menor de edad ingresaba a un departamento de la ciudad de Rosario y terminaba a puñaladas con la vida de una de las mentes más brillantes de la región. Hoy, tras casi una década de idas y vueltas, la familia e instituciones civiles continúan batallando contra las tecnicidades de un sistema judicial que parece haberles dado la espalda.
La noche en que se apagó una mente brillante
Juan Cruz Ibáñez tenía apenas 23 años. Nacido en la localidad de Murphy, se había mudado a Rosario para estudiar Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Su dedicación era tal que, pocos meses antes del trágico desenlace, había sido distinguido por la NASA por el desarrollo de un innovador software de geolocalización satelital. Le faltaban solo dos materias para recibir el título que tanto ansiaba.
Sin embargo, la madrugada de aquel viernes de 2018, la violencia urbana interrumpió su futuro. Lucas Ezequiel Ojeda, de 17 años, escaló la fachada del edificio ubicado en la calle Zeballos al 2100. Entró por el balcón y sorprendió a Juan Cruz mientras dormía. El ensañamiento fue atroz: la autopsia determinó que la víctima recibió 26 heridas de arma blanca. Tras consumar el homicidio, el atacante se bañó, se cambió de ropa y robó diversas pertenencias antes de huir hacia el norte del país, donde fue detenido días después en un colectivo camino a Chaco.
Un derrotero judicial que revictimiza a la familia
A lo largo de estos ocho años, la causa mutó de la tragedia al desconcierto judicial debido a la condición de menor punible del agresor:
- El polémico fallo inicial (2022): La jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena dictó una pena de 17 años de prisión. El fallo fue sumamente cuestionado ya que incluyó cartas de carácter personal redactadas por la propia magistrada dirigidas tanto a la familia de la víctima como al homicida.
- El aumento de la pena: Tras la indignación y la apelación de la fiscalía, la Cámara Penal elevó la sentencia a [23 años de cárcel.
- El revés de la Corte Suprema: A finales de diciembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dio un golpe devastador para la familia Ibáñez. Aludiendo fallas técnicas en la aplicación de las escalas penales para menores, anuló la condena de 23 años y ordenó dictar una nueva sentencia con un tope máximo de 15 años de prisión.
El reclamo actual: ¿Quién defiende a las víctimas?
Este octavo aniversario encuentra a la familia en un limbo legal absoluto, forzada a enfrentar un nuevo proceso con la certeza de que el asesino recibirá una pena sustancialmente menor a la dictada anteriormente. Referentes comunitarios y políticos de la provincia han manifestado públicamente que estas resoluciones envían un mensaje de profunda impunidad a la sociedad y dejan de lado el sufrimiento real de los familiares.
Hoy, Murphy y Rosario recuerdan a Juan Cruz no solo como la víctima de un sistema de seguridad deficiente, sino como el ejemplo de juventud, esfuerzo y genialidad que el país perdió en manos de la delincuencia. Mientras los tribunales siguen discutiendo tecnicismos y artículos penales, en el hogar de los Ibáñez el living sigue vacío y el pedido de justicia real se mantiene intacto.