La iniciativa unifica distintos proyectos y crea el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, con nuevas herramientas para promover el pago de las cuotas y consecuencias para quienes incumplan. “Es una herramienta muy innovadora, que busca que el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos se cumpla de manera efectiva”, destacó la diputada Rosana Bellatti.
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción por unanimidad a una nueva ley de morosos alimentarios, resultado de la unificación de ocho proyectos presentados por legisladores de diferentes bloques. La propuesta busca fortalecer las herramientas del Estado para garantizar el cumplimiento de las cuotas alimentarias.
Los proyectos unificados fueron presentados por Amalia Granata (Somos Vida), Natalia Armas Belavi (Vida y Familia), Celia Arena (Hacemos Santa Fe – Juntos Avancemos), Emiliano Argañaraz (Inspirar), Lucila De Ponti (Peronista) y Lionella Cattalini (Socialista – Unidos para Cambiar Santa Fe), con iniciativas orientadas a reforzar los mecanismos de control, establecer restricciones para quienes incumplen sus obligaciones y actualizar el régimen del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La reforma crea el Registro Provincial de Personas Obligadas Alimentarias, que reemplazará al actual Registro de Deudores Alimentarios Morosos y funcionará como una base de datos digital y actualizada.
“Es una herramienta muy innovadora, porque no solo permite identificar los incumplimientos, sino que establece consecuencias concretas para promover el pago de las cuotas. Garantizar este derecho es proteger a las infancias y asegurar que las responsabilidades se cumplan”, expresó Bellatti.
La ley establece que se considerará morosa a la persona que adeude total o parcialmente dos cuotas alimentarias en un período de doce meses, consecutivas o alternadas. Si acumula seis cuotas impagas en ese mismo período, podrá ser incluida en la categoría de morosa agravada.
Entre las consecuencias previstas se encuentran restricciones para acceder a cargos públicos, postularse a cargos electivos, realizar determinados trámites y acceder a beneficios fiscales. También se contemplan limitaciones vinculadas con casinos, bingos y apuestas. En los casos de mora agravada, las restricciones serán mayores y podrán incluir medidas judiciales sobre los bienes de la persona deudora.
Además, organismos públicos, empleadores privados y colegios profesionales deberán consultar el registro en determinados procedimientos. La iniciativa también establece criterios para que la Justicia determine con mayor rapidez las cuotas alimentarias provisorias, tomando como referencia la canasta de crianza del INDEC cuando corresponda.
Tras la media sanción en Diputados, el proyecto deberá ser tratado por el Senado provincial.