La directora del Colegio Marista Claudia Rimoldi confirmó la suspensión de un campamento de séptimo grado luego de la denuncia
En medio del crecimiento de falsas amenazas de tiroteos en instituciones educativas, este martes se confirmó el hallazgo de una bala en el Colegio Marista Nuestra Señora del Rosario. El proyectil fue secuestrado por la policía tras la denuncia realizada por las autoridades escolares, quienes además implementaron medidas internas para abordar la situación.
Siguiendo el protocolo del Ministerio de Educación de Santa Fe, el establecimiento había informado el hecho el día previo. Aunque las clases no se interrumpieron, como medida preventiva se decidió suspender un campamento previsto para alumnos de séptimo grado.
La directora general de la institución, Claudia Rimoldi, explicó que la bala formaba parte de una especie de collage: estaba adherida a una cartulina junto a letras recortadas, en lugar de un mensaje manuscrito. El material fue retirado por la Policía de Investigaciones (PDI) tras la intervención iniciada a partir de un llamado al 911.
El hallazgo dentro del colegio
El episodio ocurrió el lunes alrededor de las 10:50, durante el recreo. Según relató la directora, tras pedir que las alumnas de primaria salieran del baño, se realizó una inspección habitual de los sanitarios. En ese procedimiento, se encontró una cartulina tamaño A4 con un proyectil de 9 milímetros pegado en el centro y mensajes amenazantes vinculados al campamento escolar programado para los días siguientes.
Ante esto, se activaron los protocolos correspondientes: se dio aviso a supervisores del Ministerio de Educación y se contactó al 911. Posteriormente, la PDI retiró la evidencia y relevó imágenes de cámaras de seguridad del establecimiento. También se informó que la bala no pertenece a armas utilizadas por fuerzas de seguridad provinciales.
Mientras avanzaba la investigación, las autoridades hablaron con los estudiantes de séptimo grado, ya que el mensaje hacía referencia directa a ellos. Sin embargo, aclararon que aún no se conoce quién podría estar detrás del hecho.
Reuniones y contención
Al día siguiente de la denuncia, el colegio organizó encuentros con los padres de los cursos involucrados. Según explicó Rimoldi, a los alumnos no se les brindaron detalles exhaustivos, priorizando su contención. Además, se informó a todas las familias de los distintos niveles a través de los canales oficiales de comunicación.
La directora destacó que la institución cuenta con equipos especializados —orientadores, tutores y docentes— para acompañar a los estudiantes en este tipo de situaciones. También remarcó que recientemente se habían reforzado los protocolos internos ante posibles amenazas.
Como medida preventiva, se canceló el campamento y se anticipó que habrá sanciones internas para quien resulte responsable, además de las que determine la justicia.
Pese a lo ocurrido, el dictado de clases continuó con normalidad. Desde la institución señalaron que los alumnos siguen con sus actividades habituales, aunque reconocen que el tema genera comentarios dentro del ámbito escolar.
En cuanto a la investigación, todavía no se logró identificar al autor de la amenaza. Tampoco se descarta que alguien ajeno al nivel primario haya ingresado al sector donde apareció el mensaje, aunque no es un área de circulación habitual para estudiantes de otros niveles.
Por otro lado, Rimoldi recordó que el uso de celulares está prohibido en la escuela y que su cumplimiento representa un desafío constante. También subrayó la importancia del rol de las familias en el control del uso de redes sociales y aplicaciones de mensajería, señalando que este tipo de situaciones requiere un trabajo conjunto entre escuela y hogar.
Aumento de amenazas en la provincia
Este episodio se da en un contexto preocupante: según datos oficiales, en los últimos dos días de clases se registraron 149 denuncias de amenazas en escuelas de Santa Fe. Las autoridades atribuyen este incremento a un efecto de imitación tras un reciente ataque armado en otra institución educativa.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad advirtieron que este tipo de conductas, aunque algunos las consideren una broma, constituyen el delito de intimidación pública según el Código Penal.
Además de las posibles consecuencias judiciales, la provincia anunció que buscará que las familias de los responsables afronten un resarcimiento económico cercano a los 5 millones de pesos, monto estimado de los operativos policiales y judiciales que generan estas falsas denuncias.