Las condenadas cumplían distintos roles dentro de una organización que comercializaba créditos para casinos online y derivaba las ganancias a superiores aún no identificados.
La Justicia de Venado Tuerto condenó a dos mujeres por formar parte de una organización dedicada a la explotación de apuestas clandestinas mediante plataformas de casino online que operaban en distintas localidades del sur de Santa Fe. Ambas recibieron penas de tres años de prisión de ejecución condicional tras la homologación de acuerdos abreviados, mientras que una tercera acusada continuará detenida con prisión preventiva por 30 días mientras avanza la investigación.
La pesquisa, encabezada por la fiscal Mayra Vuletic, permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que tenía presencia en Venado Tuerto, Villa Cañás y Santa Isabel. Según la acusación, la organización se dedicaba a comercializar créditos para apuestas virtuales, recaudar el dinero de los jugadores y canalizar las ganancias hacia integrantes de mayor jerarquía, cuya identidad aún no pudo ser establecida.
Entre las personas condenadas se encuentra Carla Celeste Giménez, de 30 años y domiciliada en Villa Cañás. La mujer fue considerada responsable de participar en la explotación y administración de juego clandestino, además de ser condenada como coautora de amenazas coactivas.
De acuerdo con la investigación, Giménez cumplía funciones de “cajera” dentro de la organización. Su tarea consistía en ofrecer créditos para las apuestas online, recibir el dinero de las cargas y remitir posteriormente la recaudación a los responsables de la estructura criminal.
La causa también incorporó un episodio de amenazas ocurrido entre el 20 y el 21 de junio. La Fiscalía sostuvo que Giménez, acompañada por otra persona, reclamó a una mujer identificada como Mariana P. el pago de un millón de pesos correspondiente a una deuda generada por créditos utilizados para apostar en casinos virtuales.
Las intimidaciones comenzaron mediante mensajes enviados por redes sociales y luego escalaron hasta el domicilio de la víctima, en Villa Cañás, donde ambas acusadas la amenazaron con incendiar su vivienda si no entregaba el dinero exigido.
Como parte del acuerdo abreviado, el tribunal le impuso una serie de reglas de conducta que deberá cumplir durante tres años. Entre ellas figuran la obligación de fijar domicilio y comunicar cualquier cambio de residencia, someterse al control de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstenerse de participar en sitios de apuestas no autorizados por la provincia, mantener la prohibición de contacto con la víctima y su entorno familiar, además de no cometer nuevos delitos. Una vez homologado el acuerdo, la Justicia ordenó su inmediata libertad.