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El militante de izquierda Sebastián Romero, imputado por disparar un mortero durante la marcha contra la reforma previsional el 18 de diciembre de 2017 y extraditado, se presentó como precandidato a senador por la provincia de Santa Fe.
Romero, quien desde hace más de un año está detenido con prisión domiciliaria y fue extraditado desde Uruguay en 2020, integra la lista del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) que participará en la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
“Hoy soy el único candidato preso político que hay en Argentina, pero no soy el único preso político, teniendo en cuenta que tenemos a Milagro Sala y Luis D’Elia”, sostuvo Romero en una reunión virtual con integrantes del PSTU.
En su reaparición pública, el aspirante a una banca en Santa Fe apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri, al señalar que fue perseguido, pero también cuestionó a la gestión de Alberto Fernández.
“Todos fuimos perseguidos por el gobierno anterior, que nos persiguió, nos empobreció y nos dejó sin trabajo, pero este Gobierno no está siendo distinto. En cierta medida, hasta sigue teniendo presos a compañeros de sus organizaciones”, dijo Romero, en referencia a Sala y D’Elia.
Durante la actividad del PSTU, Romero fue presentado como alguien que se hizo “conocido y banalizado” por ser el “gordo del mortero”. En ese marco, se reconoció que la postulación es controversial, ya que se trata de una persona que está siendo juzgada por un hecho que involucró escenas de violencia.
Romero no es el único de los militante del PSTU que participarán del proceso electoral y que fueron procesados y encarcelados por los enfrentamientos durante el debate legislativo de la reforma previsional de diciembre de 2017. También está incluido en las boletas Daniel Ruiz, quien estuvo 13 meses preso en Marcos Paz por lanzar pirotecnia contra las fuerzas de seguridad. El dirigente de izquierda ya había estado en las listas en 2019 y vuelve a presentarse como precandidato a senador nacional por Chubut en las PASO en la alianza del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U).
Sebastián Romero, Daniel Ruiz y César Arakaki, del Partido Obrero, son los tres referentes de izquierda que están imputados por los delitos de “intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas, en concurso ideal entre sí”. Desde que fueron procesados, la coalición de partidos que encabeza Nicolás del Caño reclaman por su libertad definitiva y sobreseimiento.
“Esta es una batalla más que el PSTU tiene que dar. Queda demostrado con nuestro caso que lo que se dice que es democracia, no lo es. Democrático es movilizarse y auto organizarse en los lugares de trabajo. Esta candidatura está al servicio de esto. No vamos a poder resolver nuestros problemas sin la movilización y la organización de los trabajadores”, anticipó Sebastián Romero.
“Los luchadores tenemos que tener la mas amplia unidad para enfrentar los ajustes que se van a venir”, concluyó el ex delegado gremial en General Motors.
Romero estuvo prófugo más de dos años y fue detenido en Uruguay, el 25 de junio del año pasado, cuando lo encontraron en Chuy, cerca de la frontera con Brasil. Luego se dictó su extradición.
El militante de izquierda se hizo conocido masivamente el 18 de diciembre del 2017, cuando lo fotografiaron y filmaron en primer plano disparando pirotecnia contra los efectivos policiales que reprimían la protesta frente al Congreso. El resultado de los enfrentamiento dejó 162 heridos, 88 de ellos policías y al menos 52 detenidos por las pedradas, botellazos, cañas de las banderas políticas utilizadas para enfrentar el dispositivo de seguridad.
La causa estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres, quien dictó su captura nacional e internacional. Torres fue luego nombrado en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y su juzgado es subrogado por Rodolfo Canicoba Corral.
Durante el tiempo de búsqueda, el entonces ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ofreció una recompensa de $1.000.000 para dar con su paradero. Según el imputado, aún no hay fecha de inicio del juicio oral.