Viviendas Ecohogar

Un grupo comando liberó a ocho internos reclusos y obligó a las autoridades a modificar la infraestructura del penal más grande y virulento de Santa Fe.
A un mes de una de las fugas más cinematográficas de una prisión argentina, aún no se conoce con exactitud quién la financió ni qué llevó a Walter Ezequiel Soraide a cumplir una misión suicida: cortar el alambrado perimetral de la cárcel de Piñero con una amoladora frente a las garitas de seguridad. Aunque en la otra mano sostenía una pistola, el arma no le sirvió como escudo. Los penitenciarios dispararon más de 100 balas contra él y sus dos cómplices, Franco Ezequiel Cantero y Rodrigo Leonel Gramajo.
Soraide murió casi al instante cuando uno de los plomos le atravesó el rostro. Cantero y Gramajo sobrevivieron. Fueron detenidos e imputados por favorecimiento a la evasión agravada por el uso de armas en concurso real por portación Ilegítima de arma de fuego de guerra. Entre los tres llevaban un revólver calibre 38, una pistola ametralladora FMK3 (calibre 9 milímetros), una pistola calibre 3.80 y una pistola calibre 11.25.
Del otro lado de los muros, mientras sonaban los tiros, una veintena de presos se escabullía del pabellón 14 del Módulo D. Solo ocho lograron atravesar el tejido cortado: Joel Rojas, Sergio Cañete, Alejandro Schmittlein, Ezequiel Romero, Alejandro Candia, Claudio Javier “Morocho” Mansilla, Martín Cartelli y Daniel David Piscione. Los esperaban un Peugeot 308 para seguir la fuga. Otros cómplices regaron la ruta de escape con miguelitos para evitar que los siguieran.
Horas más tarde fueron recapturados Rojas y Cañete, cuando escapaban en un Honda Civic. Fuentes del caso indicaron a TN.com.ar que, tras una persecución, lograron detener al vehículo y escucharon sonidos que provenían del baúl, lo abrieron con un ariete y encontraron a los dos evadidos. Al mismo tiempo, requisaban las celdas de los involucrados: encontraron objetos cortantes que no fueron necesarios gracias al arrojo de Soraide.
La Justicia rosarina tiene probado que fue Cañete, un ladrón de bancos condenado a 19 años de prisión, el organizador de la fuga. Detectives de la Agencia de Criminalidad Organizada lograron determinar que los integrantes del grupo pactaban los detalles del golpe mediante celulares que fueron activados el 15 de junio.
“Cuento con el aval del uno”, dice Cañate a sus cómplices fuera del penal en una delas conversaciones que lograron extraer de los celulares los investigadores. “El uno” es Mansilla, un temible sicario narco de la banda de René Ungaro, rival de los hermanos Cantero, los líderes de los Monos, la organización que dominó durante décadas la venta de droga en Rosario.
Además, el narco es la pareja de Jésica “Fea” González, vinculada a un peso pesado del narcotráfico: Delfín Zacarías.
Mansilla todavía no cayó. Por él, ofrecen una recompensa de un millón de pesos. Tampoco Cartelli y Piscione. La Agencia de Investigación Criminal lleva realizados 45 allanamientos en ocho ciudades (Rosario, Granadero Baigorria, Funes, San Nicolás, Puerto General San Martín, Capitán Bermúdez, Pérez y Casilda) y dos provincias. Nueve personas que participaron del plan o ayudaron a que los hombres permanezcan ocultos fueron detenidos. Secuestraron, además, cuatro armas de fuego y 58 cartuchos. Incautaron, por último, 40 celulares que están siendo analizados por pedido de los fiscales Matías Edery y Franco Carbone.
Cuando los atrapen, si es que lo logran, se unirán -aunque en distintos pabellones- al resto de los fugitivos en la cárcel de Coronda. Las autoridades del Servicio Penitenciario de Santa Fe tomaron esta determinación debido a que la vida de los evadidos corre peligro en Piñero: tras la fuga, el resto de la población perdió beneficios, las visitas se suspendieron, se redistribuyeron internos y se repasa los perfiles de cada uno (las fichas de los ocho que escaparon no marca a ninguno como de alto perfil y destaca la “muy buena” y “ejemplar” conducta de todos).
El director de la cárcel fue reemplazado y los agentes penitenciarios fueron sometidos a una investigación interna y la fiscalía analiza si alguno tuvo participación en la fuga. “Muchos arriesgaron su vida y evitaron una fuga masiva”, aclaran.
Con crudeza, la fuga expuso la crisis que atraviesa el Servicio Penitenciario santafesino. Las prisiones provinciales no están preparadas para alojar a reclusos de alta peligrosidad. Piñero tiene una antigüedad de 15 años, un lapso temporal en el que la violencia, los homicidios y el poderío narco no pararon de crecer en Rosario. Los fugitivos obligaron, entonces, a un cambio que urgía.
Esteban Lindor Alvarado; Brandon Bay; Julio Rodríguez Granthon; Joel Pucheta; René Ungaro; y los hermanos Alan y Lautaro Funes fueron trasladados de esa cárcel a penales federales. Los siete son poderosos capos narco que permanecían contenidos solo por cinco cercos perimetrales.
Además, el gobierno de Omar Perotti desembolsará 500 millones de pesos para convertir a la “prisión modelo” en un penal de máxima seguridad. En primer lugar, ya se licitó la construcción de un muro de dos kilómetros que rodee a toda la cárcel. Se instarán detectores de movimiento, escáneres corporales y nuevas cámaras y domos de seguridad.
Aunque parezca absurdo, las cámaras de seguridad del penal “están obsoletas”, admitió un funcionario. De hecho, las imágenes que se conocen de la fuga fueron registradas por la población carcelaria. “No creemos que hubo un boicot en ese punto, sencillamente, las cámaras no funcionaban por falta de mantenimiento”, precisaron.
Por otro lado, “Piñero no se diseñó para alojar 2100 presos, hay 600 presos de más, lo que nos da un alto índice de sobrepoblación”, dicen desde el Servicio Penitenciario provincial a TN.com.ar.
Responsabilizan al sistema federal, debido a que 451 reclusos que cometieron delitos complejos, ligados al crimen organizado, no deberían estar bajo su tutela. “Existe un convenio con Nación para alojar a 100 internos con esas características en las cárceles provinciales, pero no la cantidad que están alojando en la actualidad”, detallaron las fuentes.
Uno de los principales problemas es que la región centro del país (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) no cuenta con una cárcel federal en ese territorio. Este año se reactivó la construcción de un penal para esa categoría de reclusos en Coronda, que había estado paralizado por años.