Condenaron a dos empresarios arroceros por realizar obras ilegales que provocaron el derrumbe de un tramo de la ruta provincial 1 y pusieron en riesgo todo el casco urbano de Colonia Teresa.
Se trata de Rubén Arnoldo Carlen y Raúl Francisco Carlen, a quienes se les impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional, multas económicas y la obligación de pagar todas las obras necesarias para recomponer el ambiente. Así fue resuelto en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los fiscales Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández representaron al MPA en el debate y destacaron que en la sentencia “se tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía para que se respete el derecho a un ambiente sano”.
Dos empresarios arroceros fueron condenados por haber realizado obras ilegales que causaron el derrumbe de un tramo de la ruta provincial número 1, en jurisdicción de Colonia Teresa (departamento San Javier). Se trata de Rubén Arnoldo Carlen y su hermano Raúl Francisco Carlen, de 70 y 66 años, respectivamente.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Celeste Minniti en el marco de un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de ciudad de Santa Fe. Además de condenar a los empresarios, la magistrada absolvió a una mujer de 63 años que es vicepresidenta titular de la misma explotación arrocera.
Los fiscales que representaron al MPA en el debate son Bárbara Ilera y Ezequiel Hernández. Tras conocer el veredicto, la fiscal afirmó que “en principio, estamos conformes con el resultado del juicio”, e indicó que “esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para analizar qué es lo que motivó la decisión de la jueza”.
Por su parte, Hernández valoró que “lo resuelto sienta un precedente muy importante”, y explicó que “se tuvo en cuenta el planteo que realizamos desde la Fiscalía para que se respete el derecho a un ambiente sano, que está establecido en nuestra Constitución Nacional”.

Multas y obras necesarias
Rubén y Raúl Carlen fueron condenados como coautores del delito de estrago doloso por inundación. Se les impusieron tres años de prisión de cumplimiento condicional y multas por un total de 180.000 pesos (cada uno deberá abonar 90.000 pesos).
Además, la jueza ordenó que los condenados y su empresa afronten económicamente “la realización de todas las obras necesarias y pertinentes a fin de recomponer el ambiente al estado anterior de las obras realizadas, respecto de la afectación de la cuenca del arroyo Saladillo Dulce y su valle de inundación”.
En tal sentido, la magistrada especificó que “la elaboración del programa de remediación quedará a cargo de la provincia, por intermedio de los organismos competentes o, en su caso, por entidades públicas o privadas con capacidad para ello”, y aclaró que se deberán contemplar parámetros científicos actuales.
En cuanto a la recomposición del ambiente, Hernández señaló que “fue un pedido expreso que hicimos desde la Fiscalía, según lo estipulado por la Ley General del Ambiente (ley nacional número 25.675)”.
Por otro lado, entre las normas de conducta que la jueza les impuso a los condenados está la obligación de capacitarse en el cuidado del medioambiente y/o en el uso racional del agua.

Desviación de caudales
Ilera remarcó que “el debate fue intenso y contó con la participación de especialistas que brindaron precisiones sobre el daño causado”. Aseguró que “logramos demostrar que, para mejorar sus rindes, los condenados llevaron a cabo obras ilegales, con la deliberada intención de modificar el cauce natural del arroyo Saladillo Dulce”
Según expuso la fiscal, “alrededor del predio rural en el que está instalada su empresa, los hermanos Carlen levantaron terraplenes de más de seis kilómetros de extensión que, en algunos tramos, superan los dos metros y medio de alto”.
“También construyeron canales de riego y desagûes que provocaron el endicamiento de las aguas del Arroyo Saladillo e impidieron su normal escurrimiento", agregó y mencionó que “los trabajos se iniciaron en 2007 sin la autorización correspondiente de los organismos públicos competentes y, pese a reiteradas intimaciones para que los deshagan, sostuvieron las obras con el riesgo que ello implicaba y se hizo manifiesto con la inundación de campos aledaños y la destrucción de una parte de la ruta 1 en 2019”.
“Las obras que resultaron de la conducta delictiva obstruyeron el escurrimiento natural de las aguas del cauce del arroyo y ocasionaron una desviación de caudales hacia el río San Javier”, explicó Ilera.
Asimismo, resaltó que “en enero de 2019, la situación irregular llevó a que se generara un dique aguas al norte de los terraplenes y que una alcantarilla localizada en el kilómetro 190 de la ruta provincial número 1 superara ampliamente su capacidad”. Agregó que “como consecuencia, se derrumbó un tramo de la vía de comunicación terrestre”.
La fiscal hizo hincapié en que “las obras ilegales produjeron la inundación de campos ubicados al norte del predio de la industria arrocera”. A su vez, “las circunstancias atípicas hicieron peligrar el casco urbano de Colonia Teresa”, concluyeron.