Este lunes, desde horas muy tempranas, en los Tribunales de Venado Tuerto se llevaron a cabo durante 12 horas las audiencias imputativas y cautelar para Mauro Blanco. El Juez Adrían Godoy dictaminó la prisión preventiva domiciliaria para el Fiscal venadense, además se lo imputó por enriquecimiento, cohecho, incumplimiento y revelación de información. El juez desestimó 5 de 9 hechos que le atribuyeron. A Blanco lo defiende el abogado Gustavo Feldman, de Rosario. No se dispuso inhición ni embargo de bienes para el Fiscal venadense.
Vale recordar que Blanco esta detenido desde el viernes en la sede de Los Pumas de Venado Tuerto luego de 16 allanamientos realizados en Venado Tuerto y Rufino.
Al Fiscal se lo denuncia por una supuesta relación con un vendedor de drogas quien le pasó información en una causa por abuso de armas de fuego. Además, habría escuchas que comprometen a Blanco con un reconocido delincuente de Venado Tuerto.
A primera hora de la mañana se llevó a cabo la audiencia imputativa, y luego la de medidas cautelares que finalizó hace instantes.
El fiscal a cargo de la investigación es Leandro Mai, de la Unidad Fiscal Reconquista. Por su parte, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) es Adrián Godoy de Venado Tuerto.
“En primer lugar, realizamos la imputación de nueve hechos ilícitos”, informó Mai. En tal sentido, Mai se refirió a las calificaciones legales atribuidas y dijo que “se le endilgó la autoría de enriquecimiento ilícito de funcionario público; omisión de insertar datos en la declaración jurada; omisión de denunciar; omisión de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo agravado por ser miembro del Ministerio Público de la Acusación (dos hechos); incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal; violación de los deberes de funcionario público; revelación de información secreta e incumplimiento de los deberes de funcionario público; y allanamiento ilegal”.
El funcionario del MPA agregó que “luego se debatió acerca de la legalidad de la detención del imputado”, indicó Mai. “Si bien los abogados defensores plantearon objeciones, el juez resolvió declarar legal la detención”, agregó.
“Finalmente, pedimos la prisión preventiva sin plazo y el magistrado resolvió imponer la prisión preventiva domiciliaria”, aclaró el fiscal. “El magistrado fundamentó su decisión en cuestiones familiares, puntualmente, refirió a la existencia de jóvenes a cargo del imputado”, señaló Mai.
“Por otra parte, el magistrado consideró que había evidencias suficientes en cuatro de los nueve hechos ilícitos atribuidos: el de enriquecimiento ilícito; uno de los cohechos pasivos agravados; la violación de secreto y el incumplimiento de los deberes de funcionario público”
El fiscal del MPA también indicó que “se ordenó la inscripción de los bienes del imputado como litigiosos”.