La investigación se inició a raíz de un llamado al 911 realizado por una vecina. A partir de ese contacto telefónico intervino la fiscal Paula Borrello, quien le dio intervención al área de Acción Social de la municipalidad de Venado Tuerto. Además, ordenó que luego interviniera el Juzgado de Familia, el cual ordenó el traslado de la mujer al hospital de Venado Tuerto.
La fiscal Borrello solicitó estudios médicos. El informe preliminar del hospital de Venado Tuerto indica que la mujer tiene antecedentes de esquizofrenia. Además, los profesionales refieren al escaso peso corporal de la mujer.
Borrello también solicitó la revisión ginecológica de la mujer. Los médicos resolvieron esperar para realizarla porque entendieron que sería contraindicado para la víctima (en función de la situación que atravesó en los últimos días).
La fiscal también ofició a la Defensoría del Pueblo (entidad que actuó en el caso), de la cual aguarda información oficial.
En relación a la actuación del Juzgado de Familia de Venado Tuerto (que fue de donde salió la orden judicial para internar a la mujer), a la fiscal le confirmaron que la mujer debió ser medicada para ser trasladada al hospital, a raíz de que reaccionó de manera muy violenta. También le informaron que estaba desnuda, pero no estaba atada ni esposada.
Borrello también ordenó la realización de entrevistas testimoniales a las hermanas de la mujer, una de las cuales afirmó que los gritos que escucharon los vecinos eran por la esquizofrenia que padece su hermana. Agregó, además, que era la propia mujer la que no quería salir a la casa.
Por su parte, la vecina que se contactó con el servicio 911 manifestó haber escuchado gritos y no palabras, por lo cual, es motivo de investigación si es posible que esos gritos sean propios de un caso de abuso sexual o de una persona con esquizofrenia.
La fiscal también solicitó la realización de un allanamiento, el cual fue realizado por la Policía de Investigaciones con la debida autorización judicial. El personal policial hizo una inspección ocular y, según el informe premilinar, no hay ningún elemento ni indicio que indiquen anormalidades. Lo relevado por la PDI da cuenta de una vivienda muy precaria propia de un contexto de vulnerabilidad social y económica.