Los integrantes del Bloque del PJ, solicitan a través de una minuta de comunicación al Ejecutivo Municipal que informe los alcances de un sistema implementado desde que asumieron las nuevas autoridades, con modalidad de encuesta, que afecta a los trabajadores municipales en virtud de haber recepcionado su inquietud respecto a las preguntas que se les realizan y que a su entender avanzarían en cuestiones personales privadas. En la presentación conjunta, Patricio Marenghini, Pablo Rada y Emilce Cufre fundamentan el pedido en el planteo de los empleados “quienes nos expresaron que se hacen preguntas sobre religión, si tienen redes sociales, ingresos familiares, y demás datos sobres bienes personales, no quedando claro si es obligatorio o no contestar estas preguntas, tampoco se les informa el destino de esa información y posterior uso, con el consiguiente temor de los trabajadores, que desconocen muchos de sus derechos y se enteran del contenido cuando ya están realizando la mencionada encuesta”. Indicando a continuación, que de ser cierto el tenor de las preguntas “se estaría violando preceptos fundamentales de nuestra constitución nacional y de la Organización Internacional del Trabajo. Considerando finalmente que es de suma importancia contar con información exacta sobre la encuesta, conocer su objetivo y que finalizada se difunda públicamente la misma, aclarando su obligatoriedad y destino final de esos datos, sobre todo teniendo en cuenta que esta información los primeros que deberían tenerla antes de responder las preguntas son los directos afectados, los trabajadores municipales”.

Redes sociales
Entre otros fundamentos los ediles justicialistas plantean, que también se los consulta sobre el uso de las redes sociales y en forma consecuente una persona que podría ser funcionario de esta administración intenta censurar las publicaciones de empleados a través de este sistema de comunicación”, considerando que de ser cierto que el intendente permita este accionar “se estaría vulnerando la Constitución nacional, que establece: el derecho a publicar sin censura previa y a su vez se establece que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. En otro tramo también advirtieron sobre “una presunta percusión ideológica que afectaría a militantes o empleados identificados con la ideología justicialista, generando movimiento de trabajadores que ni siquiera ocupaban cargos políticos. Estando en un estado de democracia y libertad de pensamiento, entendemos que es obligación de los gobernantes proteger estos derechos constitucionales y no promover acciones discriminatorias impropias de un estado democrático”.