Un fiscal de Venado Tuerto fue apartado de ciertas funciones bajo la sospecha de tener una relación inaceptable para su cargo con un hombre investigado por venta de estupefacientes, circunstancia que tiene además apariencia de implicar un delito. Los detalles del caso fueron elevados a la Legislatura provincial para que se determine si los hechos ameritan una suspensión por 180 días del funcionario, su remoción definitiva del puesto o bien si el trámite investigativo queda a cargo de la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) lo que implicaría una perspectiva más favorable para el funcionario.
El involucrado en el hecho denunciado es el fiscal adjunto M. B. Durante una pesquisa del fiscal federal Javier Arzubi Calvo en Venado Tuerto se determinó que en escuchas telefónicas surgían conversaciones entre David R., sospechado de ser vendedor de drogas, con el fiscal B. Esas escuchas motivaron seguimientos policiales a la casa del dealer investigado, donde se observó la llegada de un hombre con las características físicas de B., en un vehículo oficial del MPA.
En ese mismo domicilio luego se practicó un allanamiento con orden de la Justicia Federal donde se secuestraron varias armas de fuego, una balanza de precisión y plantas de marihuana.

Información irregular
Las escuchas a la línea de David R. sugieren la idea de que este hombre suministraba alguna de las sustancias que vendía al fiscal B. Esto que podría indicar una situación de consumo no es para la auditoría el punto más serio aunque el comercio de drogas sea una situación prohibida por la ley y M.B. es un funcionario público. El problema más destacado en el reporte a la Legislatura es que el fiscal habría utilizado información suministrada por el dealer para avanzar con medidas de búsqueda de armas de fuego, a raíz de un caso de robo de una camioneta con la privación de la libertad para su dueño. Lo que estiman los investigadores que decidieron separarlo de su cargo es que M.B. no asentó el origen de esa información en ningún lado, no pidió a un juez una orden de allanamiento y avanzó en su lugar con una modalidad llamada "registro domiciliario voluntario" para buscar esclarecer ese delito presunto.
Esto fue considerado desde la Auditoría General de Gestión encabezada por María Cecilia Vranicich como un acto inaceptable, una conducta que supone un probable mal desempeño del fiscal e incluso un delito. El efecto en este caso es que un delincuente investigado por la Justicia Federal se transforma en el informante principal de un procedimiento del MPA que encabeza el fiscal B. Lo que supone que una persona al margen de la ley termina manejando actos de persecución de un ilícito.

Notificación
Frente a esto el fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli, pidió el apartamiento de Blanco de las investigaciones donde está puesto en crisis su desempeño. Ayer el funcionario, que está con licencia médica a su pedido, recibió la notificación de la presentación del trámite del caso que lo involucra en la Legislatura.
Si el afán del fiscal fue reunir información en pos de esclarecer un delito, el modo en que lo hizo, para las autoridades del MPA, implicó cometer un posible delito. Otro aspecto que se advirtió en la investigación preliminar de la auditoría es que la información que suministraba el presunto informante del fiscal, que era un dealer, era falsa. Y que este hombre investigado le comunicaba a las personas que había delatado con el fiscal que serían allanadas de modo de que pudieran tomar precauciones.

Caso testigo
Además la auditora del MPA observó que los elementos reunidos en este incidente sobrepasan los límites del suceso en sí mismo, sino que se repiten en Venado Tuerto en los casos donde los fiscales se disponen a hacer registros domiciliarios. La idea del "registro domiciliario voluntario", que implica entrar a un inmueble con consentimiento de su dueño, es algo que la Fiscalía General desestima como práctica rutinaria, en lugar de acudir a un juez al que hay que explicarle por qué motivos se pide un allanamiento, y de dónde salen los elementos que motivan esa requisa.
Por tanto el impulso de este expediente también servirá como caso testigo para disponer qué se hizo en situaciones previas y qué no deben hacerse. La idea predominante es que el fiscal B. apeló al registro de domicilio voluntario porque difícilmente habría obtenido autorización judicial para allanar el lugar donde se suponía que podría encontrar armas. Lo que se presume contra el fiscal es que en base a información falsa y sin regularizar acudió a una vivienda a realizar una requisa. Toda la conducta desplegada presume para la auditoría incumplimiento de deberes y violación de la reserva de las actuaciones.
El caso fue presentado ayer para su análisis en la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura que aún no está formalmente constituida. En ese ámbito los doce legisladores componentes deberán examinar el pedido de inhibición de la Auditoría del MPA que considera que los hechos podrían ser, en una primera mirada, más graves que una falta en el desempeño técnico jurídico, en cuyo caso el trámite deberá seguir en control de Vranicich, porque no ameritaría una remoción. La Comisión de Acuerdos tiene 30 días hábiles para decidir si el caso sigue bajo su esfera en la Legislatura o si lo devuelve a la Auditoría.

Por: Hernán Lascano - Diario La Capital