El juez de Venado Tuerto que dispuso la libertad condicional de los 15 imputados por cometer una megaestafa en Santa Fe, una maniobra que les permitió apoderarse de 32 viviendas y mil hectáreas de campo, recibió duras críticas del Gobierno provincial y del fiscal a cargo de la investigación, quien opinó que su decisión tiene "gravedad institucional".
Benjamín Révori, el jueza de la causa, avaló la imputación de la fiscalía, que concluyó que tres abogados, un escribano, un médico, un contador, un gestor y un grupo de personas que prestaban sus nombres o figuraban como testaferros, conformaron una asociación ilícita montada para estafar a ancianos o aprovechar propiedades registradas a nombre de personas ya fallecidas.
Sin embargo, Révori dispuso la libertad de todos al considerar que no existía riesgo de que entorpezcan el proceso o se fuguen.
“Parece que van presos sólo los ladrones de gallinas y no los que actúan con guante blanco”, se quejó el fiscal Matías Merlo. La estafa sobre la que trabaja desde hace un año fue definida por el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, como "la mayor en la historia" de la provincia. Se estima que el monto de lo que se apropió la banda alcanza los mil millones de pesos.
Para la fiscalía el grupo operó en forma "permanente y mantenida" desde hace seis años. Detectaban inmuebles rurales y urbanos del sur de Santa Fe que le pertenecían a ancianos o que figuraban a nombre de personas fallecidas. A través de boletos de compraventa, escrituraciones y juicios con un aparente marco jurídico se quedaban con los bienes. Luego pasaban a manos de los integrantes de la asociación ilícita. Un médico hasta certificaba que los ancianos supuestamente involucrados en la venta de sus propiedades estaban lúcidos y en condiciones de realizar la operación.
Merlo se quejó por la decisión del juez porque según su opinión la investigación dejó en evidencia los alcances de la estafa, pero también que el grupo apostaba a influir en las decisiones judiciales: en las escuchas aportadas se advierte cómo hablaban de presionar sobre fiscales. Piden nombres de ellos y sugieren que hablarán "con quien tengan que hablar" para ver "cómo podían arreglar la causa".
Esos diálogos los mantuvieron en un período en el que ya sabían que sus movimientos despertaban sospechas. Las primeras medidas se realizaron a mediados de 2017. De allí que ya había maniobras de la Justicia que alertaron al grupo que se dedicaba a las estafas.
"Los líderes de esta asociación ilícita persuadían a personas y obraban para influir en la causa. Por eso nos llamó la atención que el juez aceptara la figura de la asociación ilícita pero desestimara la peligrosidad procesal de sus integrantes, lo que al fin lo llevó a dictarles la libertad con restricciones y no la prisión preventiva que nosotros pedimos", planteó Merlo.
"Todas las operaciones eran encabezadas por un profesional de Venado Tuerto –el abogado Antonio Di Benedetto--, que a su vez tenía otros contactos que repetían el mecanismo. Y ahora, en menos de 72 horas, está en libertad con una fianza de 170 mil dólares cuando se estima que la suma que se apropiaron ronda los 26 millones de dólares”, planteó el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
"Esto no le hace bien a la Justicia", consideró el ministro de Justicia santafesino, Ricardo Silberstein.
Al aceptar las imputaciones contra la banda el juez Révori indicó que en caso de llegarse a una condena deberían ser de cumplimiento efectivo. El primero en conseguir ser liberado fue el contador Walter Franco, el viernes pasado. Fue imputado como integrante de la asociación ilícita, pero declaró como arrepentido, comprometió aún más a Di Benedetto y consiguió el beneficio de quedar en libertad.
El magistrado, finalmente, dispuso la misma medida para los otros 14 imputados. Su decisión ya fue apelada por Merlo.

Fuente: Clarin