La sentencia fue confirmada por la Sala IV del máximo tribunal penal. La causa se había iniciado en 2018..
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas impuestas por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario, provincia de Santa Fe, a una organización narcotraficante conformada por 17 personas. La venta se organizaba desde la cárcel. Las condenas llegan hasta los 7 años y medio para quienes cumplían roles de mayor importancia. Solo en un caso se ordenó, por mayoría, anular una unificación de penas dispuesta. La sentencia confirmó el decomiso de las motos y los autos que usaban para vender drogas.
El fallo fue firmado por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky. En la sentencia se tuvo por probado que existió una organización que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en el sur de la provincia de Santa Fe y, fundamentalmente, en la localidad de Venado Tuerto.
Según la investigación, algunos de los integrantes de la organización coordinaban la venta y conseguían la droga estando detenidos en un establecimiento penitenciario. La condena de los imputados se sustentó, principalmente, en el resultado de los numerosos allanamientos realizados en distintos domicilios y celdas y en las intervenciones telefónicas que dieron cuenta de la comercialización que llevaban a cabo y el rol que les cupo a cada uno.
De acuerdo a la sentencia, la causa comenzó en 2018 cuando personal de la Subdelegación de Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina reportó que, a través de información obtenida en la vía pública, se tomó conocimiento que en una vivienda interna ubicada en calles Monseñor Borgarino y Vieytes de esa localidad, se llevaban a cabo maniobras de venta de estupefacientes. Esos datos coincidían con lo informado por la Policía de Investigaciones de Santa Fe: un llamado anónimo al 911 también informó que “el gordo Castelli” se domiciliaba en esa dirección y se dedicaría a la venta de estupefacientes.
Recibidas las actuaciones, el juzgado Federal de Venado Tuerto delegó la investigación en la fiscalía: las tareas investigaciones confirmaron las sospechas. El 20 de noviembre de 2018, el personal policial a cargo de la investigación acompañó el primer parte de análisis de la intervención telefónica de la dueña de la vivienda, Natalí Castelli, de novia por entonces con Sebastián López quien se encontraba detenido en el penal de Coronda, y sería el que abastecía de estupefacientes a su pareja. De allí, se obtuvo el abonado del nombrado y se solicitó su intervención con recepción favorable por parte del juez federal actuante.
También se logró obtener el número de un abonado telefónico utilizado por una mujer que comercializaba estupefacientes desde su domicilio sito en calle San Luis, que le era provisto por la misma Castelli. La mujer se llamaba Georgina Fernández, pareja de Fabricio Monsalvo quien también se encontraba detenido en la Unidad n° 1 de Coronda. Además, dio cuenta que el domicilio de calle San Luis antes referido, era de Belén Fernández, y que su hermana Georgina, lo frecuentaba por las noches. Adicionalmente, se informó que Georgina mantenía conversaciones con otra mujer de nombre Florencia oriunda de la localidad de Melincué, por temas relacionados al tráfico de estupefacientes.
Según la investigación, Sebastián López compartía celda con el interno Lucas Spada de la localidad de Rufino, a quien también le daba estupefacientes para su posterior reventa en esa localidad, por intermedio de la pareja de este, de nombre Natalí o “Morena”. Luego, en un nuevo informe practicado por la Brigada Operativa Antinarcóticos VIII en que se analizaron las intervenciones telefónicas mantenidas por la pareja compuesta entre López y Castelli, se desprende que estos eran abastecidos de estupefaciente por una persona de sexo masculino en las inmediaciones del penal de Coronda.
A mediados de enero del año 2019, nuevas comunicaciones telefónicas producto de las sucesivas intervenciones de la causa establecieron que “el investigado Monsalvo se llama Fabricio Martín, y que utilizaba dos líneas telefónicas, una de ellas, perteneciente a un compañero de celda en el penal, de nombre Martín Cardozo”. En las escuchas se habla de un proveedor de estupefacientes apodado “Palín”.
La investigación estableció que “la presunta actividad ilícita investigada tenía puntos geográficos concretos de referencia, como la Unidad Penitenciaria de Coronda, algún sitio poco distante con esta -dentro de la misma localidad-, y las ciudades de Venado Tuerto, Firmat, Rufino y la localidad de Melincué. Por otra parte, también surge alguna conexión con personas que, si bien no fueron del todo identificadas, se ubicarían en las ciudades de Santa Fe y Rosario”.
Los allanamientos se concretaron en febrero de 2019: se secuestraron sustancias estupefacientes y se incautaron elementos utilizados habitualmente para su fraccionamiento y/o acondicionamiento para su posterior comercialización, tales como recortes de nylon transparente, balanzas, etc. Fueron detenidos Cristian Leonardo Pérez, Luciano Colombano, Jesús Alberto Beltrán, Lucas Videla Mirazú, Á.T.B., Natalí Rafaela Castelli, Juliana Chávez, Natalí Macedo González, Maira Jaquelina Crespo, Rosa Haydee Rodríguez, Romina Diana Rocío Pietrocola, Lucas Spada, Fabricio Monsalvo, Sebastián López, Martín Cardozo y Horacio Luciano Rene.
La fiscalía entendió que la investigación estuvo centrada en dos grupos, uno liderado por Sebastián López y el otro por Fabricio Monsalvo, y que cada uno contaba con el brazo ejecutor de sus respectivas parejas. En ese entendimiento, explicó que los sujetos, quienes se encontraban detenidos en el penal de Coronda, hacían las conexiones con distintos proveedores de material estupefacientes y sus respectivas parejas eran las encargadas de conectar con ellos para luego redistribuirlas en las distintas localidades del sur de la provincia de Santa Fe.
Cuando el caso llego a juicio, el tribunal confirmó que “la pareja de Spada y Macedo, directamente comercializaban al menudeo la droga suministrada o proveída por López y Castelli, siendo los últimos eslabones de la cadena de tráfico, pero Monsalvo y Fernández ocupaban una posición intermedia, ya que para esa llevar a cabo dicha actividad, contaban con varias personas que luego sí, comercializaban el estupefaciente al menudeo”.
Tanto para el tribunal como para Casación, las penas fuero fijadas entre los 7 años y medio a tres años de prisión por tráfico de estupefacientes para los 17 involucrados.